En Campeche, la gobernadora y representantes del gobierno estatal defendieron el concepto de autonomía universitaria en medio de la controversia desatada por la intervención del Ejecutivo en la Universidad Autónoma de Campeche (UAC). Señalaron que la autonomía de una institución no debe confundirse con la idea de que esta sea un “escudo” para evitar rendición de cuentas o responsabilidad, enfatizando que la libertad para tomar decisiones internas no equivale a estar exento de cumplir la ley ni de responder por acciones indebidas.
Durante pronunciamientos públicos recientes, se explicó que el respeto a la autonomía debe ser garantizado, pero no puede interpretarse como un permiso para actuar sin límites ni controles jurídicos, especialmente cuando se trata de asuntos de legalidad, ética y transparencia. Las autoridades destacaron que las instituciones autónomas tienen la facultad de autogobernarse y tomar decisiones académicas y administrativas, pero su ejercicio debe armonizarse con el marco legal vigente y la rendición de cuentas que exige la Constitución y las leyes.
Este debate se produce en el contexto de la destitución del rector de la Universidad Autónoma de Campeche, un caso que ha provocado un intenso diálogo sobre los límites de la autonomía universitaria frente a otras facultades del Estado, y sobre cómo equilibrar la libertad institucional con la obligación de responder ante posibles irregularidades sin que ello represente una intromisión indebida en el autogobierno de la casa de estudios.
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