La política migratoria de Estados Unidos vuelve a encender la polémica. El gobierno estadounidense ha comenzado a reactivar cárceles privadas para detener a migrantes en diversos estados, desatando una ola de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos que acusan que estos centros no son más que “campos de concentración disfrazados”, donde se lucran con el sufrimiento de miles de personas.
Entre los nuevos recintos habilitados destacan instalaciones en California y Kansas, operadas por grandes corporaciones como CoreCivic y GEO Group. Aunque el gobierno asegura que se trata de una medida para enfrentar el aumento en los flujos migratorios, defensores de migrantes advierten que estas prisiones privadas se caracterizan por condiciones precarias, hacinamiento, falta de atención médica y aislamiento extremo.
El modelo, que había sido parcialmente desmontado en administraciones pasadas, vuelve con fuerza bajo el argumento de agilizar detenciones y deportaciones. Sin embargo, especialistas señalan que esta estrategia representa una regresión peligrosa hacia la criminalización sistemática de personas cuyo único “delito” fue buscar una mejor vida.
Además de las condiciones, preocupa el hecho de que estas cárceles operan con fines de lucro: por cada migrante encerrado, las empresas reciben millones de dólares del erario. La práctica, considerada por muchos como xenofobia institucionalizada, pone a Estados Unidos bajo los reflectores de la comunidad internacional por violaciones a los derechos humanos.
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