Al revisarse el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) el próximo año, algunas organizaciones pro-vapeo ven una oportunidad para derogar la prohibición constitucional de los vaporizadores en México. Actualmente, su venta y uso están prohibidos, lo que ha impulsado un mercado negro manejado por el crimen organizado.
Argumentan que México debe homologar su regulación con la de sus socios comerciales —donde el vapeo sí es legal— para frenar el contrabando. Además, critican que la prohibición no está basada en evidencia científica, sino más bien en una postura ideológica.
Por otro lado, hay quienes defienden la medida por razones de salud pública: según la Secretaría de Salud, la prohibición protege a niñas, niños y adolescentes del riesgo de adicción.
Si se aprovechara la revisión del TMEC para derogar la prohibición, podría marcarse un cambio importante en las políticas de regulación de nicotina en México y también debilitarse uno de los canales de financiamiento ilegal.
