El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), envió una nota diplomática a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras señalar que no fue notificado oficialmente sobre la visita al país de Rosa María Payá Acevedo, comisionada de ese organismo regional que visitó México en enero pasado.
Según la SRE, las y los integrantes de la CIDH, aun cuando gozan de inmunidades reconocidas por el derecho internacional —conforme al artículo 12 del Estatuto del organismo—, deben informar previamente a la cancillería mexicana sobre cualquier visita oficial o privada al país y las actividades que planean realizar durante su estancia. No obstante, en el caso de Payá, la dependencia aseguró que no recibió ninguna notificación previa por parte de la comisionada sobre su viaje ni sobre su agenda en México.
La visita de Payá se dio a conocer por medios de comunicación, donde se indicó que la comisionada participó el pasado 22 de enero en un foro organizado por la Universidad de la Libertad en la Ciudad de México, en el que también estuvieron presentes actores vinculados a sectores políticos locales.
Ante esta situación, la cancillería mexicana emitió la nota diplomática dirigida a la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, reiterando la importancia de que los comisionados se ciñan a las prácticas institucionales establecidas y cumplan con los protocolos de notificación establecidos internacionalmente.
El gobierno mexicano subrayó además que el cargo de comisionado debe ser ejercido con imparcialidad, tal como lo establece el artículo 4 del Estatuto de la CIDH, y que actividades que pudieran afectar la independencia de quienes integran el organismo deben evitarse.
En medio de este reclamo diplomático, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, comentó en conferencia que la participación de cualquier representante de organismos internacionales debe enfocarse en revisar casos de derechos humanos y no en militar en favor de causas específicas, en alusión a la intervención de Payá durante su visita.
El gobierno mexicano también ha reiterado su compromiso con el respeto a los derechos humanos y con una relación institucional con los órganos internacionales basada en el diálogo, la cooperación y la observancia de las normas diplomáticas correspondientes.
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