
En medio del debate nacional sobre los límites de la libertad de expresión y el papel del Estado en la protección de este derecho, una representante del gobierno estatal rompió el silencio y lanzó un mensaje firme y sin rodeos:
“Soy defensora de la libertad de expresión; no se puede pensar en un país democrático si no hay libertad de expresión.”
Estas declaraciones se producen en respuesta a voces que han acusado a gobiernos locales de restringir o condicionar el derecho a opinar y disentir. Sin embargo, desde esta administración se ha dejado claro que el principio de libre expresión está más vigente que nunca.
“El gobierno del estado no está censurando a nadie; si alguien quiere hablar, que lo haga, siempre y cuando no agreda ni envíe mensajes de odio”, sostuvo.
El mensaje se enmarca en una visión pluralista del gobierno estatal, que sostiene que la crítica, la opinión y el debate son necesarios para la vida pública, pero que también es deber de la autoridad garantizar que dichos intercambios se den con respeto y sin incitación a la violencia.
La funcionaria subrayó que el Estado no es enemigo de la libre expresión, sino garante de ella. Añadió que existe una línea clara entre ejercer un derecho y utilizar ese derecho como escudo para difundir odio, discriminación o ataques personales.
“No hay veto ni persecución a quienes piensan distinto. Las puertas están abiertas al diálogo, pero eso no significa tolerar discursos que dañen la dignidad humana”, puntualizó.
Este pronunciamiento se suma a una creciente conversación nacional sobre el papel que deben jugar las autoridades ante la difusión de noticias falsas, discursos de odio en redes sociales y el uso irresponsable de plataformas para denigrar o desinformar.
En contraste con otras regiones donde se han aprobado leyes controvertidas que podrían limitar el derecho a expresarse libremente, el gobierno estatal apuesta por un enfoque equilibrado: defender el derecho a hablar, pero también el derecho de los demás a no ser agredidos.
El mensaje, aplaudido por organizaciones civiles que promueven un Internet más seguro y libre de violencia, pone sobre la mesa una postura que busca conciliar la libertad con la responsabilidad. Y, sobre todo, manda una señal: en este estado, la voz del pueblo no será silenciada, pero tampoco se permitirá que esa voz se utilice para dividir o herir.
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