
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó formalmente al gobierno de Estados Unidos detener el flujo de armas de fuego que ingresan ilegalmente a territorio mexicano desde el país vecino, subrayando que esta medida es un paso fundamental para debilitar la estructura operativa del crimen organizado en la región.
Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria nacional enfatizó de manera contundente que una gran parte del armamento de alto calibre y tecnología avanzada utilizado por diversos grupos delictivos en el país tiene su origen en territorio estadounidense. Por esta razón, Sheinbaum consideró que reducir de manera drástica este flujo de armamento debe convertirse en un componente central y prioritario de la cooperación bilateral en materia de seguridad, argumentando que el poder de fuego de las organizaciones criminales se alimenta directamente de la facilidad con la que estas armas cruzan la frontera hacia el sur.
Asimismo, la jefa del Ejecutivo federal indicó que México ha planteado esta exigencia de manera reiterada en las mesas de diálogo y dentro del marco del entendimiento bilateral de seguridad. Hizo una comparación directa al señalar que, así como el Estado mexicano realiza esfuerzos extraordinarios y despliega recursos para frenar el tráfico de fentanilo hacia el norte, es imperativo y justo que Estados Unidos corresponda disminuyendo con la misma eficacia el tráfico de armas hacia el sur. Recalcó que la responsabilidad en el combate a la violencia debe ser compartida y equitativa para lograr resultados reales en la pacificación de las zonas más afectadas.
Finalmente, la presidenta agregó que la estrategia de cooperación también debe profundizar en el intercambio de inteligencia estratégica y en la realización de investigaciones conjuntas entre las autoridades judiciales y policiales de ambas naciones. Esta petición cobra una relevancia especial tras las recientes operaciones de seguridad de alto impacto ejecutadas contra importantes organizaciones criminales en territorio nacional. En resumen, el gobierno mexicano busca que el control de armas sea un eje rector en la relación con Washington para garantizar la soberanía y la tranquilidad de las familias mexicanas.
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