El Plan de Acción sobre Minerales Críticos, una ambiciosa estrategia negociada entre México y Estados Unidos que podría detonar inversiones por hasta 43 mil millones de dólares, enfrenta serios riesgos de ejecución debido a las actuales restricciones de la Ley Minera mexicana. Especialistas y organismos como la Cámara Minera de México (Camimex) advirtieron que las leyes vigentes, que limitan la exploración privada y centralizan el control de minerales estratégicos en el Estado, actúan como un cuello de botella que podría desalentar la llegada de capitales necesarios para la transición energética y la industria de semiconductores.
De acuerdo con un análisis de la Camimex, el éxito de este plan bilateral depende de una alianza sólida entre el sector público y privado; sin embargo, la prohibición para que empresas particulares realicen trabajos de exploración minera reduce drásticamente el interés de los inversionistas. Expertos como Rosanety Barrios señalaron que, al no tener certeza sobre los derechos de explotación tras el descubrimiento de yacimientos, difícilmente habrá empresas dispuestas a arriesgar capital en la etapa de búsqueda, lo que compromete el suministro de insumos clave para sectores estratégicos de la economía global.
Otro de los desafíos críticos identificados es la falta de una industria nacional de transformación que añada valor a la materia prima. Actualmente, entre el 70 y el 80 por ciento del cobre extraído en México se exporta para su procesamiento, principalmente a Asia, lo que mantiene al país en un esquema de proveedor primario. Los investigadores subrayan que, sin una inversión paralela en infraestructura metalúrgica, México corre el riesgo de seguir siendo únicamente un extractor de recursos, incluso si el destino de las exportaciones se desplaza de China hacia Estados Unidos en el marco de la nueva geopolítica energética.
Finalmente, el sector minero ha urgido al Gobierno Federal a definir con precisión un listado de minerales prioritarios y a establecer condiciones claras que garanticen la certidumbre jurídica. Entre las demandas de la iniciativa privada destacan la necesidad de procedimientos ambientales más ágiles, el fortalecimiento de la seguridad en las zonas de operación —afectadas recientemente por la presencia del crimen organizado— y mecanismos efectivos para enfrentar la competencia desleal de mercados asiáticos. Sin una modernización del marco legal que permita reactivar la exploración, el potencial de México para capitalizar el auge de los minerales críticos dentro del bloque norteamericano podría verse severamente limitado.
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