El gobierno federal lanzó una investigación profunda sobre al menos 13 casinos que podrían haber sido usados como vehículos para el lavado de dinero por parte de grupos del crimen organizado. Estas operaciones consistían en apuestas simuladas, uso de identidades robadas de personas vulnerables, movimientos en efectivo y transferencias internacionales hacia países con regulaciones laxas.
🧾 Detalles clave del caso
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Las autoridades detectaron que personas sin historial financiero —como estudiantes o jubilados— aparecían como ganadores millonarios en casinos, lo que permitió legitimar recursos ilícitos.
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Las gestiones revelaron que los flujos de dinero se enviaban desde México hacia países como Rumania, Malta o Estados Unidos, además de utilizar plataformas de apuestas digitales sin supervisión.
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Se procedió con la suspensión de operaciones de los casinos implicados, el bloqueo de sus cuentas bancarias y la presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y demás instancias correspondientes.
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La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las acciones “tienen sustentación legal y no responden a persecución política”; remarcó que “si quieres un casino, debe estar dentro de la ley”.
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Aunque aún no se han publicado los nombres de los casinos involucrados, se confirmó que los hechos fueron detectados en varios estados, incluyendo entidades del norte y centro del país.
✅ Por qué es importante
Este operativo marca un cambio en el enfoque de combate al lavado de dinero: no solo se revisan bancos o empresas tradicionales, sino también los espacios de entretenimiento y apuestas que operan con menor supervisión. Al atacar estos esquemas se busca debilitar las estructuras financieras del crimen organizado y fortalecer el control de recursos ilícitos.
🚨 Retos y lo que queda por hacer
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Garantizar que las pérdidas de recursos públicos y privados sean reparadas de manera contundente.
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Fortalecer los mecanismos de supervisión de casinos físicos y digitales, así como su integración al sistema de prevención de lavado de dinero.
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Asegurar que los procesos legales avancen hacia sanciones efectivas y que este tipo de redes no aprovechen vacíos legales o regulatorios.
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Mantener la transparencia del procedimiento para evitar que el mensaje público sea percibido como selectivo o con motivaciones distintas al combate a la corrupción.
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