La empresa Minsa Industrial, propiedad de Altagracia Gómez Sierra —quien colabora con el gobierno como asesora empresarial— obtuvo un contrato para proveer harina de maíz al programa social del Estado. Sin embargo, ese contrato fue cancelado en julio de 2023, antes de que se entregara un solo peso o se procesara una tonelada de maíz.

Algunos puntos clave:

• El contrato contemplaba la transformación, empaque y distribución de maíz adquirido por el Estado para convertirlo en harina nixtamalizada.

• A pesar de que el contrato se formalizó, nunca se ejecutó: no se procesó maíz, no hubo distribución, ni movimiento de recursos.

• Según la versión oficial: la cancelación fue mediante “convenio de terminación anticipada”.

• La mandataria asegura que no existe conflicto de interés o corrupción, subrayando que la empresa dejó de tener vínculo activo con el gobierno.

Este caso —con contrato otorgado y luego cancelado— genera dudas sobre adjudicaciones, transparencia y relaciones gobierno-empresa en programas públicos.

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