Los gobiernos de Movimiento Ciudadano en Tlajomulco y Zapopan están en el ojo del huracán tras revelarse que destinan cifras millonarias para promover la imagen de sus alcaldes, Gerardo Quirino y Juan José Frangie, como si fueran figuras del espectáculo, en lugar de atender directamente las necesidades de sus comunidades.
En el caso de Zapopan, se denunció la entrega de más de 6 millones de pesos para pagar espacios en el parque infantil KidZania, con la finalidad de incluir logotipos de la Policía Municipal y Bomberos en sus actividades. Detrás de esa aparente estrategia de “proximidad ciudadana” se esconde, según críticos, una campaña de promoción personalizada pagada con fondos públicos.
Además, se ha cuestionado la creación de la llamada “Coordinación de Proximidad”, órgano con más de 200 millones de pesos de presupuesto y sin mecanismos de fiscalización transparentes. Esta oficina se habría usado para crear una red de propaganda disfrazada de participación social.
En paralelo, los vínculos con agencias de comunicación como Indatcom, Eu Zén y La Covacha siguen despertando sospechas. Estas empresas han recibido más de 300 millones de pesos en contratos provenientes de gobiernos de MC en la zona metropolitana, con el propósito de producir contenido, videos, spots y campañas para alcaldes que buscan posicionarse políticamente.
En Tlajomulco, aunque el gobierno local asegura que el 63% de su presupuesto para 2025 será destinado a obra pública y servicios, no hay claridad en cómo se distribuyen los recursos destinados a comunicación social. Ciudadanos y activistas han señalado que los informes oficiales y los materiales audiovisuales se centran en destacar la figura del edil, más que en informar de manera objetiva.
Diversas voces en Jalisco han exigido auditorías independientes y más transparencia en el uso de recursos públicos. La opacidad con la que se manejan los presupuestos de imagen institucional en estos municipios ha encendido las alarmas sobre una posible red de simulación institucional al servicio de intereses políticos y no del bienestar colectivo.
Ante estas revelaciones, la pregunta persiste: ¿se gobierna para servir o para construir carreras políticas con el dinero del pueblo?
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