El próximo 5 de marzo marcará un hito en la batalla legal de México contra el poder de la industria armamentista, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) notifique oficialmente su resolución sobre la opinión consultiva relacionada con el tráfico de armas. Este proceso, impulsado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), tiene como objetivo central determinar la responsabilidad que tienen las empresas fabricantes y distribuidoras de armas en las violaciones sistemáticas a los derechos humanos derivadas de su falta de controles y prácticas comerciales negligentes.
